Comunicación y gobierno: Una mirada institucional por el entramado histórico de la comunicación presidencial en México

Abstract

A pesar de la vasta experiencia mostrada a través de la historia, en materia de comunicación social, hoy en día persisten en México graves problemas sobre su ejercicio, mismos que redundan en la falta de políticas claras que permitan a los diferentes órganos de gobierno manejar información con criterios uniformes y transparentes hacia la sociedad, los poderes y demás actores políticos, sociales y culturales, con los que interactúan. Desde el Imperio Azteca, hasta la actualidad, el establecimiento de dichas políticas se ha traducido en una lucha constante desde diversas trincheras, contando en el mejor de los casos, con un débil apoyo de la autoridad en turno, pero en la mayoría de ellos, con su veto y rechazo total. En este sentido, la historia moderna nos señala que desde hace casi cincuenta años se viene discutiendo la importancia que reviste la definición de las grandes líneas de acción informativas, así como la responsabilidad de los distintos sectores respecto a la transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, a la vuelta de tantas décadas, la legislación en la materia sigue siendo por demás deficiente, pese a la reciente promulgación de la Ley General de Comunicación Social, llamada por sus detractores Ley Chayote (en franca alusión al soborno que reciben en México los medios de comunicación y periodistas coludidos con el gobierno), que no ha hecho otra cosa más que ahondar en los vacíos jurídicos y sociales existentes (Flores, 2018c).