Comunicación social, participación ciudadana y cultura de paz para la gobernabilidad en México

Abstract

Desde hace casi cincuenta años, se viene discutiendo en México la importancia que reviste el establecimiento de políticas de Comunicación Social, en el sentido de definir las grandes líneas de acción informativas, así como la responsabilidad y consecuente participación de los distintos sectores que intervienen en dicho proceso (Flores, 2018). Hoy, a la vuelta de tantas décadas, continúan sin definirse claramente dichas políticas, y la legislación en la materia sigue siendo por demás insuficiente, a pesar de que el día de ayer, 10 de abril de este 2018, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, la Ley General de Comunicación Social, abocada en su mayoría a reglamentar el artículo 134 Constitucional - relativo a la propaganda gubernamental-, por lo que ha sido renombrada por sus detractores, como la “Ley Chayote”, perpetuando así el gran vacío existente en la materia. Aunado a lo anterior, y ante la amenaza de un Estado fallido, el ambiente de violencia se ha recrudecido en el país durante los últimos 10 años, poniendo en juego su gobernabilidad, ya que el aparato burocrático no ha mostrado ni la fuerza ni la inteligencia suficiente para combatir de manera frontal al crimen organizado. Adicionalmente, México se sitúa en la decimotercera posición de las naciones más corruptas del mundo, y en el primer lugar de esa lista, si se excluye a los países menos industrializados (Foro Económico Mundial, 2016), generando con ello un gran descontento e insatisfacción en la ciudadanía (ya de por sí tan agraviada por las desigualdades sociales y los altos índices de pobreza y marginación a los que se ha visto sometida, por los gobiernos de corte neoliberal).